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La Fiscalía General del Estado va a iniciar una investigación en los centros de reconocimiento de conductores por sospechas de falsedad. Según afirmó el fiscal delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, hay un porcentaje importante de estos centros que aprueban a conductores sin hacer correctamente las pruebas necesarias que certifiquen su aptitud para manejar un vehículo.
Es un delito
Bartolomé Vargas, en una rueda de prensa en la sede de la Fiscalía General del Estado, explicó que hacer esto constituye un delito de falsedad documental, que está penado con entre seis meses y tres años de prisión, además de una sanción administrativa de entre 3.000 y 20.000 euros y también puede acarrear la suspensión de la actividad durante 1 año para aquellos centros que no superen las inspecciones de la DGT.
Vargas ha asegurado que el Ministerio Fiscal va a actuar "de forma decidida" para poner fin a "la picaresca" de los centros que dan el certificado sin hacer las pruebas necesarias o pasando por alto las deficiencias. "Si hay que actuar en doscientos, trescientos, quinientos casos, el fiscal va a actuar", ha subrayado.
Peligro para la seguridad
Vargas dijo que la Fiscalía sospecha que, aunque mayoritariamente el sector cumple con la ley, existe "un porcentaje importante de centros clandestinos", que no tienen medios técnicos ni humanos adecuados. Incluso fue más allá al afirmar que en algunos casos dan el certificado de aptitud a cambio de dinero. Recalcó que cuando se permite que conduzcan personas que no tienen las aptitudes adecuadas "se está haciendo un enorme daño a la seguridad vial".
El fiscal afirmó que se sospecha la existencia de una "cifra negra de accidentes de tráfico debidos a los deficientes reconocimientos". Y señaló que los centros irregulares, algunos sin licencia, sitúan a España "desfasada de Europa". Según el presidente de la Asociación Española de Centros Médicos-Psicotécnicos, José Ignacio Landaluce, alrededor de un 5% de las 2.000 clínicas que hay en España están cometiendo fraudes.
Desde ya
La Fiscalía va a dar instrucción a la policía judicial para que "desde hoy" empiece a investigar. El fiscal apuntó que el ciudadano, que "no tiene conciencia de los riesgos", a veces también participa en estos delitos, ya que a la hora de sacarse el carné o renovarlo escoge centros que no ponen problemas para otorgar el certificado de aptitud.
Todos unidos
La Fiscalía va a poner en marcha un protocolo de actuación entre la DGT, Sanidad, Fiscalía de Incapaces, Seguridad Vial, Juzgados de Incapacidad y los colegios de médicos para que los facultativos que sepan que un paciente ha perdido sus facultades para conducir lo comuniquen a sus familiares o a la DGT, puesto que en los casos graves debe primar el interés general antes que el secreto médico.
Según Vargas, este sería el caso de los pacientes que están "fuertemente medicados" o que son drogadictos y que el médico sabe que conducen como particulares o incluso como profesionales. En situaciones así, puede calificarse como comisión de delito por parte del médico que no informa, aunque matizó que "la Fiscalía no va para nada en esa dirección".
El Fiscal de Seguridad Vial pidió la colaboración de los Juzgados de Incapacidad para que comuniquen cuando un conductor tenga una enfermedad grave, porque debe primar "el interés público’. En primer lugar hay que intentar resolverlo en el terreno terapéutico; después, ponerlo en conocimiento de los familiares y, en tercer lugar, acudir a las autoridades administrativas para que declaren la pérdida de vigencia del permiso de conducir.
En caso de enfermedad mental, Bartolomé Vargas destacó la importancia de la información por parte del médico para que el paciente aprenda pautas de comportamiento y acepte la pérdida del permiso o las restricciones, dependiendo del caso. Hay conductores que tienen que ir acompañados, que pueden conducir solo durante el día o circular exclusivamente con marchas automáticas.
Unos 37.000 conductores pierden el permiso de conducir cada año y más de 350.000 lo tienen restringido, según José Ignacio Landaluce, presidente de la Asociación Española de Centros Médicos Psicotécnicos,
El PP echa la culpa a Tráfico
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados sobre Tráfico y Seguridad Vial, Federico Souvirón, ha afirmado que la Dirección General de Tráfico (DGT) es la responsable de las deficiencias e irregularidades en los centros de reconocimiento de conductores.
"Entendemos que es una denuncia a la DGT por su ineficacia en este asunto", ha señalado, al tiempo que ha reconocido que el problema radica en que "se dictan reglamentos y se hacen leyes sin la más mínima intención de cumplirlos".
Souvirón ha denunciado que la DGT "no tiene medios" para llevar a cabo la inspección de estos centros, pese a que "es su obligación legal". Según él, esta situación demuestra la política "de gestos vacíos y huecos" de la DGT.
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