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El lucro cesante se refiere al incremento patrimonial, es decir a la cantidad que no engrosa el patrimonio una vez deducidos los costes.
Según la definición legal, recogida en el artículo 1.106 del Código Civil, es “la utilidad o ganancia que una persona deja de obtener por la actuación de otra, y que genera la responsabilidad de ésta en orden a su abono”.
Hay que probarlo
En estos casos se hace necesaria la valoración de un perito que tase la cuantía del perjuicio económico, del incremento del patrimonio que cesa como consecuencia de un hecho determinado.
El perito es quien debe emitir un informe en el que acredite el beneficio que se deja de obtener, es decir, lo que se llama el “quantum” del lucro cesante. Este profesional actúa en nombre del perjudicado, que será normalmente el demandante.
El lucro cesante se refiere a un hecho que podría haberse producido, pero que no ocurre debido al accidente o el suceso que sea. Por eso es difícil de valorar e imposible de probar, puesto que no se refiere a un hecho acontecido, sino a lo que podría haber ocurrido si todo hubiera seguido su curso normal.
Puede ser actual o futuro
Por ejemplo, en un accidente de tráfico con lesiones se producen varios “efectos colaterales” a valorar:
Daño emergente actual. Se refiere al perjuicio inmediato, como podría ser el coste de reposición del coche siniestrado o los gastos hospitalarios del afectado.
Lucro cesante actual. El perjuicio ocasionado por la imposibilidad de la víctima para trabajar mientas dure su convalecencia.
Daño emergente futuro. Los gastos derivados de afrontar el tratamiento de las secuelas permanentes, por ejemplo, al afectado se le queda un dolor que requiere constantes sesiones de fisioterapia y medicación.
Lucro cesante futuro. Son las ganancias que se dejan de percibir como consecuencia de la incapacidad permanente; sería el caso, por ejemplo, de un afectado que no puede abrir su tienda y tiene que contratar a un empleado que lo haga por él o alguien que pasa de cobrar un buen sueldo a recibir una exigua pensión por invalidez.
No es fácil de cuantificar
Una cosa es probar que se ha frustrado la obtención de un beneficio, lo cual suele parecer meridianamente claro, y otra establecer su cuantía. Por ejemplo, es fácil que un taxista demuestre ante el juez que su vehículo ha sido dañado y que él ha quedado impedido para realizar su trabajo; pero no le resultará tan sencillo demostrar el lucro que ha dejado de obtener, porque dependerá de muchas variables: las horas que trabajaba, los días libres que solía tener, los empleados que le sustituían, los gastos que había que deducir de gasolina, seguro, etc., etc.
El perjudicado es quien acredita el lucro perdido
Quien debe acreditar el lucro perdido es el afectado. No se trata de pruebas, ya que no puede probarse algo que no ha llegado a existir, sino de aportar indicios de la ganancia frustrada. Por ejemplo, si el afectado tenía una tienda que tras el accidente no ha podido abrir, aportará su libro de ganancias o su contabilidad durante el mismo periodo del año anterior, la declaración de Hacienda, un informe pericial que determine los beneficios medios en un establecimiento similar al suyo, etc.
Criterios de equidad
Un juez verá enseguida que ha habido pérdida de lucro o “lucro cesante”, lo que no tendrá tan claro es cómo acreditar su cuantía. Ahí entramos en un terreno complejo, subjetivo a veces, e imposible de valorar con precisión en la mayoría de las ocasiones.
El juez puede recurrir a los llamados “criterios de equidad” cuando no es posible acreditar el lucro cesante de un modo fidedigno.
Sin embargo, el afectado debe saber que la indemnización por lucro cesante no contempla la reparación íntegra del menoscabo patrimonial y que ni siquiera es exigible desde el punto de vista legal ni constitucional; es el juez quien debe valorar qué compensación proporcional le corresponde al demandante.
Una valoración estándar
La dificultad para acreditar la cuantía de la ganancia frustrada ha llevado a los tribunales a recurrir a criterios estandarizados, de manera que, por ejemplo, se establece la pérdida por cada día de inactividad en una cantidad determinada, un baremo que puede ser más o menos justo para cada uno, pero que, al menos, determina una media razonable para cualquier afectado.
Estos criterios estandarizados pueden no considerarse justos, pero constituyen una herramienta de cuantificación del lucro cesante al alcance de todo el mundo y todos los tribunales. Están basados en la experiencia práctica y el estudio y son, por tanto, una buena medida para calcular un daño que no siempre se puede acreditar ni cuantificar.
Por supuesto, siempre que el afectado no esté de acuerdo con los baremos al uso y pueda aportar indicios suficientes de su lucro cesante, será bueno que así lo haga y trate de que los tribunales le resarzan por la pérdida.
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