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Tráfico quiere que el acoso vial, o sea, «pegarse al vehículo que circula por delante» o «adelantarle con gestos hostiles e insultantes y colocarse delante sin distancia de seguridad para obligarle a frenar» pueda ser sancionado con penas de hasta dos años de prisión. Esto será así si se aprueba la reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo diciembre.
Conducción temeraria
El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha dicho que aquellos conductores que «hostigan y presionan» a otros en la carretera «atacan la libertad y dignidad de éstos y provocan desequilibrio psicológico y nervios en ellos». Y afirmó que «hay que llamarles por su nombre: acosadores». El fiscal animó a «denunciarles en casos muy graves», ya que «la Policía perseguirá estas conductas cuando constituyan delito», que serán consideradas «conducción temeraria».
Adiós al coche
La reforma del Código Penal prevé también el decomiso del vehículo. En palabras de Vargas esta es una medida que «un sector de la ciudadanía no ha entendido», y que tiene «un valor educativo para hacer comprender al conductor que su automóvil está para cumplir la ley y respetar la vida de los demás».
La medida se justifica en la «peligrosidad objetiva» y «la relación criminógena que establece el conductor con el coche, un potencial delictivo para delinquir en el futuro».
Criterios para confiscar el vehículo
El decomiso, que la Fiscalía «pretende que sea un sustitutivo de la prisión», podrá suponer «la pérdida total de la propiedad» o bien ser «temporal». Esto dependerá de los criterios fiscales, que tendrán en cuenta «la gravedad de la pena prevista para el delito, que el vehículo haya sufrido manipulaciones (que podría afectar a automóviles tuneados), la utilización de tacógrafos, inhibidores de radares o de sustancias» que impidan o dificulten la identificación de la matrícula. También se tendrá en cuenta el valor económico del vehículo, su necesidad para el desarrollo de la profesión del penado y las «repercusiones de su incautación en su ámbito familiar o social».
Cuando se proceda a la venta del vehículo confiscado, el fiscal propone la creación de un fondo patrimonial destinado a programas de deshabituación de conductores alcohólicos o adictos a drogas, de educación vial y para indemnizar a las víctimas.
Más controles
Vargas anunció también que la nueva normativa «permitirá generalizar los controles de drogas» para equipararlos en número a los controles de alcoholemia que se realizan actualmente. Y recordó que más de 1.000 conductores cumplen condena en la cárcel por delitos contra la seguridad vial.
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