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Según la nueva ley, en el artículo 85, que trata de la retirada y depósito de vehículos, la Autoridad encargada de la gestión del tráfico puede proceder a retirar un coche cuando:
- Constituye un peligro.
- Causa graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones.
- Deteriora algún servicio o patrimonio público.
- Ha tenido un accidente y no puede continuar su marcha.
- Si se ha inmovilizado legalmente y obstaculiza la circulación de vehículos o personas.
- No cesan las causas que motivaron la inmovilización.
- Permanece estacionado en lugares habilitados para personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza.
- Estaciona en los carriles o zonas reservadas para la circulación o para el servicio de determinados usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga.
- Estaciona en lugares con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal.
Pero el término “Autoridad” incluido ahora, que no figuraba antes, ha creado una confusión y un problema legal, ya que las policías locales no son “Autoridad” sino el alcalde o, en su defecto, el concejal de Tráfico, y ellos son quienes pueden delegar su potestad en la policía local.
No es un error
Probablemente, la intención de quienes redactaron la ley era que la Policía Local continuara ejerciendo esta función, puesto que no se comunicó el cambio a las corporaciones municipales. Pero la Dirección General de Tráfico (DGT) no da su brazo a torcer y ha dicho que el empleo del término no ha sido un error y que no se va a cambiar, que está redactado así para que cada ayuntamiento decida quién tiene que retirar los coches y que se firme un decreto de delegación expresa en favor de los agentes.
Legalmente, lo que dice la ley es que cada vez que haya que retirar un vehículo, el alcalde debería autorizarlo, algo a todas luces inviable. En medio de la confusión, algunos gobiernos locales mantienen a sus policías retirando vehículos con la grúa. Los alcaldes de Zaragoza, Sevilla y Oviedo han delegado este poder en sus agentes con un decreto. Otros, como los de Murcia, Vigo y La Coruña están en ello, estudiando cómo abordar la sorpresa de la nueva ley y con el asunto en manos de sus asesores jurídicos. En Madrid tanto la Policía Municipal como los agentes de Movilidad, un cuerpo inferior que no tiene rango de autoridad, pueden solicitar la retirada. En Cádiz no van a hacer nada, porque según el teniente de alcalde José Blas Fernández, “no es necesario, porque en el contexto de la norma, autoridad es sinónimo de agente, por eso ni hemos hecho nada, ni vamos a hacer nada”.
Mejor esperar
La DGT afirma que la decisión de delegar en los alcaldes la retirada de los vehículos mal estacionados deja vía libre a los ayuntamientos para que decidan quién da el permiso para la retirada. Mientras, algunos sindicatos han realizado un llamamiento para que los agentes no ordenen el enganche de vehículos, ya que numerosos abogados han advertido de que los afectados podrían reclamar el reintegro de la tasa por la retirada de su vehículo.
Según denuncia en su web el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, los policías no tienen competencias para retirar coches con grúa. La nueva ley se refiere explícitamente a los agentes de la autoridad en el artículo 83.2, los identifica como agentes de la autoridad y explica que son ellos quienes pueden ordenar la inmovilización de los vehículos que infrinjan la Ley, pero no autorizar su retirada. Esto es potestad de la “Autoridad encargada de la gestión del tráfico”.
Es posible reclamar
Mientras los policías locales de los municipios continúan con la retirada de coches con grúa, los afectados podrían iniciar recursos legales contra la orden de retirada de sus vehículos de la vía pública a cargo de agentes de la Policía Local.
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